Según la resolución oficial Nº2114/2011 que se publicó ayer en el Boletín Oficial, la presidenta del Incaa, Liliana Mazure, resolvió cobrar aranceles a las películas extranjeras para así lograr que no ocupen todas las salas del país y dar más espacio al cine nacional e independiente. Los valores que se cobrarán van de un equivalente a 300 hasta 12.000 entradas con un piso de 40 salas.

Especifica la resolución 2114/2011 que a las películas extranjeras que se proyecten en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana en hasta 40 pantallas se les cobrará un valor equivalente a 300 entradas de cine por el total de las pantallas utilizadas.

Cuando la exhibición llegue a 80 pantallas, el valor será equivalente a 1.200 entradas. Si la exhibición llega a las 120 pantallas el valor será equivalente a 2.400 entradas. Más de 160 pantallas el equivalente será de un valor de 6.000 entradas . Mientras, si la exhibición supera las 161 copias el equivalente será a un total de 12.000 entradas de cine por el total de las pantallas utilizadas. Además, a las colas de películas extranjeras se les cobrará una suma equivalente a 50 entradas de cine por cada cola que se exhiba. En las provincias el arancel será menor.

Entre otros considerandos, la resolución del INCAA señala que la actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía, es por ello que en el marco de lo establecido en el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, y conforme lo dispuesto en la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, ratificada por nuestro país por Ley 26.035, no puede olvidarse que el cine, y lo audiovisual en general, constituye manifestación artística y expresión creativa, conformándose como un elemento básico de la entidad cultural del país.

Así, su contribución al avance tecnológico, al desarrollo económico y a la creación de empleo, junto con su aporte al mantenimiento de la diversidad cultural son elementos suficientes para que el Estado establezca las medidas necesarias para su fomento y promoción, y determine los sistemas más convenientes para la conservación del patrimonio cinematográfico y su difusión dentro y fuera de nuestras fronteras.

En el actual contexto de la actividad bajo análisis, cabe señalar la existencia de una afectación a los derechos de competencia, un abuso de posición dominante que afecta por lo demás, incluso, los derechos de los ciudadanos como consumidores y usuarios del circuito de exhibición cinematográfico.

Por lo tanto, sin acudir a prohibiciones, se establece un esquema que desalienta a las grandes empresas distribuidoras internacionales de causar sobre el espectador la sensación o idea de que no existe ninguna otra producción audiovisual a observar en el período de tiempo en el que se exhiben sus películas con una presencia cuasimonopólica en las pantallas; circunstancia que suele excluir del circuito comercial toda otra producción, atentando ya no sólo contra la producción nacional, sino asimismo contra la diversidad que hace al derecho a la libertad de expresión y a los derechos sociales a la cultura.