Con la intervención del fiscal General ante los Tribunales Orales Criminales de la Capital Federal, Oscar Antonio Ciruzzi, el próximo 7 de mayo comenzará el debate oral y público en el que se intentará determinar la responsabilidad de Cristian Gabriel “Pity” Alvarez Congiu.

El primer hecho, fue investigado por la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 41, Estela Andrades, y ocurrió el 3 de julio de 2010, en el interior del barrio Samoré, ubicado en la colectora de la autopista Dellepiane Sur y la avenida Escalada.

Aquel día, María Ester Niveiro, su hija Ruth Ayelén Lupiano, y Johana Díaz se acercaron al músico para pedirle que les firmara autógrafos y se sacara fotos con ellas.

El cantante habría dicho que lo haría unos minutos después, la chica insistió y ante la negativa del rockero, Lupiano le sacó una foto con el celular, lo que provocó el enojo del cantante.

Alvarez le quitó el teléfono y lo arrojó al suelo, rompiéndolo en dos partes, mientras que Niveiro quiso interceder, pero fue amenazada por el músico, quien exhibió un arma de fuego.

Al ser detenido, la policía encontró en poder de Alvarez una pistola con la numeración limada, siete balas y el teléfono de Lupiano.

Si bien, al ser indagado, el ex líder de Intoxicados negó la imputación, la fiscal consideró que era penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas cometidas mediante el empleo de armas, portación de armas de guerra sin la debida autorización legal y daño simple, hechos que concurren realmente.

El segundo hecho que se le imputa al líder de Viejas Locas ocurrió el 19 de enero de 2012, cuando “Pity” fue hallado por policías sentado en una plazoleta del barrio Samoré, con una pistola calibre 45 (tenía autorización para portar el arma) con cinco balas, aunque el arma también tenía la numeración limada.

La fiscalía consideró que la conducta del cantante encuadraba en el delito de portación de arma de fuego de uso civil condicional, en concurso real con encubrimiento agravado.

Si bien ambas investigaciones tramitaron separadamente, al encontrarse elevadas a juicio, el Tribunal decidió acumularlas por cuestiones de economía procesal y realizar un sólo juicio oral.