La demanda -basada casi exclusivamente en el artículo periodístico publicado el pasado domingo por el diario La Nación- contiene, en sí misma, una serie de afirmaciones que evidencian la endeblez de los argumentos esgrimidos, dice la comunicación del grupo en  minutouno.com, sitio que pertenece a Indalo

A la utilización del potencial y de la palabra “presunto” para referirse al delito del que se acusa a Cristóbal López y Fabián De Sousa, se suma el error conceptual de considerar que existió una maniobra de vaciamiento a través del “traspaso de sumas retenidas por OIL COMBUSTIBLES S.A. provenientes del ITC a distintas empresas del Grupo Indalo”. 

Según voceros de la compañía consultados, el Grupo “jamás vendió ni transfirió bienes, por lo cual la figura utilizada para acusarnos es un dibujo para forzar la denuncia periodística a un tipo penal tributario que no tiene sustento en este caso”.

Según el comunicado de AFIPundefined “la denuncia surge a partir del análisis de los planes otorgados bajo el amparo del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, que permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales, posibilidad que fue derogada por la actual administración”. Para los voceros de la compañía, “esto no hace otra cosa que admitir la validez legal del procedimiento, que fue realizado bajo las normativas vigentes, sin violar ninguna ley”.

Los especialistas en derecho penal tributario Carlos Giuliani Fonrouge ySusana Navarrine, explican que “la insolvencia fiscal fraudulenta (contemplada en el artículo 10 de la Ley Penal Tributaria) es una acción para disminuir, por medio del fraude, el patrimonio para no cumplir con las obligaciones tributarias y previsionales”. Desde Indalo retrucan: “nada más alejado de nuestra realidad, la compañía hoy tiene muchos más activos corrientes que el pasivo impositivo corriente. Tenemos toda nuestra deuda regularizada. Hemos hecho exactamente lo contrario de lo que se nos acusa”.

A la hora de explicar las razones por las cuales se los denuncia, las fuentes consultadas afirman: “el gobierno y ciertos grupos mediáticos han montado un show basado en la persecución de López y De Sousa con el claro objetivo de cercenar las libertades de prensa y de empresa, ya que no toleran la existencia de medios que tengan una mirada crítica de la realidad actual que vive nuestro país. Nuestra prioridad será la defensa de estos derechos y la de las fuentes de trabajo de más de 30.000 empleados del Grupo Indalo”.minutouno.com