El cantante desde diciembre del 2019 se encuentra cumpliendo arresto
domiciliario, acusado de doble homicidio culposo. No podrá acceder al
beneficio de salidas tras “alertas fuera de rango” y “corte de
tobilleras”.
El cantante Rubén “El Pepo” Castiñeiras, quien desde diciembre del
2019 se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria acusado de doble
homicidio culposo, no podrá acceder al beneficio de salidas laborales
luego de que se comprobara “alertas fuera de rango” y “corte de
tobilleras”.
Según informó a Télam el abogado de las familias de las víctimas,
Marcelo Biondi, en los últimos días y por segunda vez la Cámara Penal
de Dolores le revocó el pedido de salidas laborales transitorias para
el cantante que cumple prisión domiciliaria, tras el siniestro vial
que le costó la vida a Nicolás Carabajal y a Nacho Abosaleh,
trompetista y asistente de la banda.

Según precisó el letrado a esta agencia, en septiembre de 2021 y en
febrero de este año la jueza Analía Catalina Pepi le otorgó a
Castiñeiras el beneficio de salidas laborales, pero “nunca se hicieron
efectivas” por los recursos presentados por Biondi, quien destacó
estar actuando en soledad porque la “fiscal , Mónica Ferré, nos
dictamina siempre en contra”.

“Entre los agravios que presenté hay un informe, incorporado a la
causa el 14 de abril 2022, que indica que desde que Castiñeiras está
con prisión domiciliaria no contesta llamadas de monitoreo cuando
salta ‘alerta fuera de rango’ ni se comunica posteriormente”, explicó
el abogado.

Además, destacó que “hay una ausencia de varios días fuera de rango
entre el 7 y 13 de enero de 2021 y Monitoreo no lo pudo ubicar”, y que
en tres momentos se registró “corte o apertura de tobillera”.

En este sentido, el letrado calificó de “vergonzosa” la situación, y
agregó que “nadie dio explicación, y si bien hoy sería extemporáneo
darlas, lo claro es que nadie controló como corresponde esas
interrupciones”.

Con este informe, realizado por el Servicio Penitenciario e
incorporado a la causa hace tres semanas, Biondi pidió la revocación
del beneficio de las salidas laborales y de la prisión domiciliaria,
que le fue otorgado a Castiñeiras en diciembre de 2019 tras un pedido
de la defensa.