Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos le reclaman a la
diva $50.000.000. Tras la denuncia penal que recibió Susana Giménez
por parte de la AFIP, la diva rechazó dicha acusación y alegó que no
hizo “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho
menos una defraudación al Fisco”.

En ese marco, desde el círculo íntimo de Susana aclararon que ella “no
va a hablar porque es un tema muy técnico para ella. Pero sobre todo
porque está con mucha bronca;según ámbito digital, piensa que esta
denuncia es ideológica y ruido político para distraer de los temas
realmente serios que están pasando”.

Vale precisar que el fastidio de la conductora se debe a la denuncia
penal que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le
realizó por presunta evasión fiscal, acusándola de omitir una
declaración jurada de 2019 para no pagar Bienes Personales. El monto
reclamado es de 50 millones de pesos. Y la denuncia en concreto se
presentó el pasado jueves en los tribunales del fuero en lo penal
económico y recayó en el juzgado número 5, a cargo del Dr. Diego
Amarante. La acusación contra Susana es por haber “ocultado su
realidad fiscal a través de la omisión de presentar la declaración
jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal
2019″, precisa César Litvin en Clarín.

Asimismo, desde el entorno de la diva recuerdan que “en 2011 también
se la agarraron con ella. Todo el mundo sabe que Susana es muy crítica
del kirchnerismo. Y en cuanto la pueden llevar al terreno judicial, lo
hacen. Hay que acordarse que también se la agarraron con ella en 2011,
después de que en su programa criticó que no se pudiera comprar
dólares por el cepo…. “.

El descargo de su abogado

César Litvin, abogado y contador de Susana, habló al respecto y
precisó que “no se puede hablar de engaño. Lo que están haciendo es
judicializar un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho
de propiedad protegido por la Constitución Nacional”.

Y agregó: “Acá no hay ni delito ni dolo. Pero además, la Corte Suprema
ya expresó en su momento que un impuesto confiscatorio afecta el
derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso. El
conflicto se centra en el pago del impuesto de Bienes Personales de
2019, dado el aumento de las alícuotas -durante este gobierno-, el
impuesto a ingresar representaría el 126,22% de la renta producida por
Susana; cifra que asciende a 143,56% si le sumamos Ganancias. Así
-sigue-, Susana debería desprenderse de una parte de los ahorros de
toda su vida para poder afrontar el pago. “¡No hubo engaño, hubo
pandemia y cuarentena! “En relación a la demora en la presentación,
Litvin le aclaró a Clarín: “El impuesto Bienes Personales de 2019 fue
presentado fuera de término porque vencía en plena pandemia, de hecho
Susana llegó a estar afectada. Además de que, por esos días, Susana
estaba cambiando su domicilio fiscal”. La presentación en cuestión
vencía el 12 de agosto de 2020 y la presentación de Susana fue hecha
el 4 de marzo. “La AFIP hace una denuncia penal porque entiende que la
presentación fuera de término es un ardid. ¡Y acá no hubo ningún
ardid, lo que hubo es una pandemia y una cuarentena! “Hablar de ardid
o engaño es un disparate. Hay que tener en cuenta que durante la
pandemia no fue fácil recolectar la información. Se trató de una
demora, y entender eso como engañoso es absurdo”.